Alcance de la Directiva europea de Contratación pública

La utilización del BIM a nivel internacional es muy diversa. Los países nórdicos y anglosajones son los que están más avanzados, pero aún así no se considera que haya una implantación generalizada. El Reino Unido dispone de legislación que establece la obligatoriedad de que la obra pública se desarrolle en entorno BIM a partir del 2016 en base a una estrategia de implantación gradual del BIM.

A nivel europeo, la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública establece la necesidad de emplear sistemas electrónicos (medios de comunicación y herramientas par modelar los datos del edificio) en procesos de contratación de obras, servicios y suministros a partir de septiembre de 2018.

De la directiva, por una parte cabe destacar la referencia del artículo 22 a las herramientas de modelado electrónico y de información de las construcciones (building information electronic modelling tools) o similares. El artículo en cuestión abre la posibilidad a que los Estados miembros exijan el uso de herramientas específicas para el modelado electrónico de datos de las construcciones en sus procesos de contratación de obras, servicios y suministros.

Por otra parte, también conviene destacar las referencias a las características exigidas a las obras, servicios o suministros. El artículo 42 se refiere a ellas como “especificaciones técnicas” y el Anexo VII define cuáles pueden ser éstas: las normas (internacionales, europeas o nacionales), las evaluaciones técnicas europeas segun el Reglamento europeo de productos de construcción (UE) 305/2011, las especificaciones técnicas comunes del Reglamento (UE)1025/2012 sobre la normalización europea y cualquier documento elaborado por los organismos europeos distintos a los anteriores (referencias técnicas). Se confirma pues que el contexto de normalización europeo es el marco de trabajo para definir las especificaciones técnicas de las obras, servicios y suministros en Europa.

Entre otros efectos de esta directiva, se espera que el hecho de disponer de distintos niveles de información electrónica sobre las características de las obras, los contratos y los servicios públicos permita evaluar las ofertas bajo múltiples puntos de vista considerando los ciclos de vida completos y sin centrar la atención únicamente en los costes directos.