La construcción tiene un impacto ambiental altísimo y corregirlo es una obligación de todos. La realidad es que apenas un 15% de lo ya construido cumple más de dos tercios de lo que se exige a nivel ambiental. Todo está a punto -partidas millonarias, consenso político y voluntad por parte de los agentes privados- sin embargo, esto no acaba de despegar. ¿Cuál es el problema? Como dice una compañera del trabajo muy aficionada al fútbol: “una cosa es tener el partido organizado y conocer la táctica y otra muy diferente es jugarlo”.

No es ningún secreto que el ritmo de consumo actual está agotando los recursos naturales no renovables del planeta y que está poniendo en peligro el ciclo de reposición de muchos de los que sí se consideran renovables.

La construcción y el uso de los edificios es un vector fundamental de impacto ambiental, permitirme que mencione algunos datos: en la UE representa el 40% del consumo final de energía; el 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero; el 50% de todos los materiales extraídos; el 30% del consumo de agua; y el 35% del total de los residuos generados.

Con estos números a uno se le ponen los pelos como escarpias y por poca conciencia ambiental que se tenga no tardamos en ponernos a buscar soluciones en la hemeroteca de los sabios.

Y la sorpresa es grata. Hay infinidad de productos y sistemas ambientalmente óptimos en el mercado y sobre todo en los laboratorios de I+D en universidades y centros tecnológicos. Desde el ITeC, sin ir más lejos, estamos participando en unos 10 proyectos de I+D con financiación europea en los que se desarrollan soluciones interesantísimas para mejorar e incluso liquidar por completo el impacto ambiental de los edificios.

Pero las sorpresas no terminan aquí, hay una inmensa amalgama de políticas y normativas con el noble objetivo de regular y generar el cambio en pro de una construcción más sostenible. Por citar alguna, la reciente taxonomía de la UE, un nuevo reglamento que propone un sistema de clasificación claro y transparente para identificar las actividades económicas que son sostenibles, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Pacto Verde y un largo etcétera.

Todo este material tendría que ser suficiente para generar el cambio, pero no lo es. Uno choca como siempre con la barrera que impone la necesidad de hacer grandes inversiones para implementar estrategias que podrían mejorar el sector desde un punto de vista ambiental. Aunque en este caso seguimos con las sorpresas, hoy en día el dinero también existe. Los fondos Next Generation aportarán 6.800 millones de euros en transferencias a fondo perdido y créditos para la industria de la construcción, de los cuales 3.400 millones irán destinados a la rehabilitación de viviendas.

Llegados a este punto, visto que el problema no reside en la falta de herramientas, nos damos cuenta de que el motivo reside en la incapacidad de manejar las mismas para hacer despegar definitivamente. Existen graves problemas de implementación que levantan importantes barreras a la necesaria transición hacia una construcción sostenible en España.

A pesar de las considerables mejoras, el sistema de ciencia e innovación presenta desequilibrios que limitan la capacidad de generar y aplicar nuevos conocimientos para impulsar la competitividad económica y afrontar apremiantes retos ambientales. Según un estudio de The Organisation for Economic Co-operation and Development Science, Technology and Industry del 2021, hay poca gente dedicándose a la implementación de la I+D y los incentivos se basan en criterios de éxito académico, lo que se traduce en contribuciones que guardan escasa relación con el mercado.

Los productos sustitutivos menos responsables desde un punto de vista ambiental todavía presentan una gran competencia, se benefician de una materia prima y procesos de producción baratos, cuentan con lobbies de interés proteccionistas, de rescates millonarios con fondos públicos y políticas permisivas. Sin ir más lejos, la mencionada taxonomía de la UE incorpora el gas como actividad sostenible cuando sabemos que es nocivo para el medio ambiente y la salud.

El 18% de las muertes anuales prematuras (8,7 millones de muertes) en el mundo se debe a las partículas generadas al quemar combustibles fósiles, según un reciente estudio de la Universidad de Harvard, la de Birmingham y el London College.

La perforación y extracción de gas fósil de los pozos, así como su transporte por gasoductos, da como resultado la fuga de metano, componente principal del gas fósil y que tiene un potencial de calentamiento global a los 20 años.

Otro freno a la implementación es la excesiva burocracia. Por ejemplo, la burocracia retrasó el ‘plan del sol’ de Merlin Properties que consistía en instalar placas fotovoltaicas en los inmuebles de su cartera con la ambición de convertirse en el mayor promotor de energía autogenerada de su sector. Así mismo, un estudio titulado Claves de sostenibilidad para acelerar el proceso de rehabilitación de viviendas en España, firmado por el Observatorio 2030 que comanda el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), la construcción sostenible no acaba de coger altura por la complejidad de los procesos administrativos y la falta de entendimiento entre los sectores público y privado suponen grandes frenos.

La formación de los profesionales también está lastrando la transición hacia una construcción más sostenible. Para dar algún dato, en España existen en la actualidad unos 150 técnicos de LEED, 100 Asesores BREEAM, 200 Evaluadores de VERDE, 10 Consultores DGNB. Con estos números no vamos a ningún sitio, deberíamos encontrar a un profesional de la construcción sostenible en cada estudio de arquitectura e ingeniería, en cada constructora y en cada promotora. Debajo los papeles de los despachos deberíamos encontrar multitud de herramientas para el diseño y gestión ambiental de las construcciones y los edificios.

Pero no toda la culpa es de los profesionales, los usuarios también están muy poco informados. ¿Cuántos conocen los beneficios de estar, vivir o trabajar en un edificio sostenible? Tal vez saben que el edificio está certificado por qué aparece en los documentos de compraventa o por qué hay una placa en la entrada del edificio, pero desconocen los criterios ambientales bajo los cuales han sido diseñados, los beneficios que comportan y cómo deben usar estos edificios adecuadamente. Además, todos los usuarios deberían saber que un aumento del 2% en el presupuesto de obra de un edificio, invertido en mejoras como las anteriores, aporta un ahorro de hasta un 20% a lo largo de su vida útil, es decir, diez veces la inversión inicial.

Tenemos las soluciones, las políticas y el dinero y ahora es el momento de activar las palancas para implementar la construcción sostenible de forma eficaz.

A todo esto, mi propuesta es invertir todavía más esfuerzos y recursos destinados a la implementación:

• Estudiar el sistema impositivo a los lobbies para reinvertir en sostenibilidad.
• Innovar en la implantación de soluciones que simplifiquen y agilicen los procesos administrativos.
• Utilizar las herramientas ya disponibles que faciliten el cálculo de impactos ambientales de los edificios y la gestión sostenible.
• Repensar los planes formativos para incorporar la sostenibilidad de forma transversal en el eje troncal de la formación universitaria y no solamente como asignatura optativa.
• Y mejorar la comunicación dirigida a los usuarios finales, así como fomentar la concienciación en torno a la arquitectura sostenible.

En resumen, ahora toca demostrar en las obras que toda la investigación y el desarrollo hecho hasta ahora funciona para construir y rehabilitar edificios con los criterios ambientales más exigentes. Centrémonos, pues, en transferir al mercado toda esta innovación con modelos de negocio viables y consigamos de una vez superar las barreras de implementación que presenta la construcción sostenible en España.